Chimbote en Línea.- De acuerdo con un reportaje de Cuarto Poder, dos meses antes de las elecciones generales, el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) Piero Corvetto recibió una advertencia formal sobre la presunta filtración de información y el direccionamiento en las licitaciones.

Pese a ello, la cuestionada empresa ganó la buena pro con la oferta económica más cara.

El 11 de febrero de 2026, dos meses antes de las elecciones generales, el entonces jefe de la ONPE, Piero Corvetto, recibió una carta formal de la empresa AFE, competidora de Gálaga S.A.C., sobre un inminente riesgo de corrupción y filtración de información privilegiada en un proceso de contratación previo, destinado al despliegue de material electoral e informático para la capacitación de personal.

De acuerdo con el reportaje de Cuarto Poder, la información llegó a Corvetto de manera oportuna, en la instancia previa a la adjudicación. No obstante, dicha alarma documentada fue archivada.

El mecanismo para asegurar esta victoria ha sido calificado por Marco Montoya, experto en contrataciones con el Estado, como "atípico". Las reglas de juego establecidas por la ONPE permitieron que los postores conocieran primero los resultados de la evaluación técnica.

Al saberse empatada en el primer lugar con el máximo puntaje, Galaga tuvo el margen perfecto para presentar una oferta económica sospechosamente cercana al presupuesto límite de la entidad, el cual ascendía a S/ 2 350 000 y debía mantenerse en secreto para salvaguardar los recursos del Estado.

A esto se sumó la flexibilización de los términos de referencia. Mientras a otras empresas se les exigían flotas modernas y rigurosos estándares, los requisitos técnicos parecieron ajustarse a la capacidad de Galaga. Incluso la empresa Hermes, otro actor del sector, denunció públicamente que las bases del concurso fueron modificadas a última hora, restándoles competitividad.

Para el abogado penalista Walter Palomino, el hecho de que la oferta económica de la empresa ganadora rozara el límite presupuestal máximo del Estado, sumado al conocimiento previo de los puntajes técnicos, constituye un claro indicio de presunta colusión agravada. Por su parte, la defensa de Galaga, a cargo de Cristian Castillo, argumenta que los lineamientos eran de conocimiento público para todos los postores y niega cualquier tipo de favorecimiento.(Fuente RPP Noticias)